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La comunidad naso, recientemente desalojada por el gobierno para el desarrollo de empresas ganaderas y proyectos hidroeléctricos, denunciará al Estado panameño ante la CIDH, solicitando medidas cautelares para la protección de los pobladores y territorios.
enlace a noticia original en Telemetro
El gobierno panameño, con la acción de la policía y unidades antimotines bajo las órdenes de Simón Becker (gobernador de Bocas del Toro, bajo las órdenes del ministro de gobierno y justicia José Raúl Mulino), desalojaron a las comunidades indígenas naso de San San y San San Drui, como parte del desarrollo de un conflicto de tierras con la empresa Ganadera Bocas.
Tras el desalojo, maquinaria de la empresa procedió a derribar los hogares de los pobladores, quienes se vieron obligados obligados a refugiarse, sin sus pertenencias ni alimentos, en La Tigra, comunidad al otro lado del río.
La acción interrumpe un diálogo incipiente con miras a una solución pacífica, y se produce en momentos que varios dirigentes de la comunidad se encontraban fuera de la misma interponiendo recursos legales y sosteniendo conversaciones con otros sectores sociales.
enlace a noticia original en La Prensa y La Estrella de Panamá
Panamá, 19 de noviembre / 17:25
Después de dos horas de resistencia, unas 150 unidades de la policía, entre ellos decenas de antimotines, entraron a la comunidad de San San Drui escoltando a la maquinaria de la empresa privada Ganadera Bocas para arrasar con la comunidad reconstruida. Los agentes de policía dispararon gases lacrimógenos sin importarles las decenas de menores de edad y mujeres presentes en «La Trinchera» y destruyeron las endebles edificaciones que las comunidades Naso levantaron tras el anterior desalojo violento del 30 de marzo.
Sin ninguna orden judicial y respaldados sólo de la arbitrariedad del Gobernador de Bocas del Toro, Simón Becker, y la arrogancia del Ministro de Gobierno y Justicia de Panamá, José Raúl Mulino, el estado ha violado todas las leyes y ha dejado a la intemperie, en plena época de lluvias a unas 200 personas que según testimonios de la zona están «casi sin comida y sin ningún lugar donde protegerse del agua».
Los moradores están reagrupándose ahora después de los momentos de terror vividos y con la amenaza de una posible detención -también sin orden judicial- de 10 de los líderes Naso más significativos.
Esto es un crimen contra los derechos básicos de los ciudadanos y un atentado directo contra los derechos de los pueblos originarios. El Gobierno de Panamá utiliza las vías de hecho.
observatorio de derechos humanos 